El Juzgado de Garantías N° 3 de La Matanza, a cargo del juez Rubén Ochipinti, dictó la prisión preventiva para los cinco principales sospechosos de haber montado una estructura ilegal dedicada a brindar servicios sanitarios a particulares y organizaciones, sin la debida autorización ni habilitación profesional.
La medida fue impulsada por el fiscal Fernando Garate, titular de la Unidad de Investigación Descentralizada N° 1 de Laferrere, quien reunió pruebas contundentes en el marco de una causa penal que ya acumula 14 hechos imputados. Los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita agravada —figura que contempla penas de 8 a 20 años de prisión— además de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y falsificación de documentos.
De acuerdo con fuentes judiciales, el allanamiento de los domicilios investigados permitió secuestrar más de 80 sellos oficiales pertenecientes a profesionales de la salud, lo que reveló una operatoria sistemática de adulteración de recetas, certificados y otras documentaciones médicas. Esa práctica, además de constituir un fraude administrativo, implicó un serio riesgo para los pacientes que recibieron prácticas no controladas y un perjuicio directo para los médicos cuyas matrículas eran suplantadas.
Tras la difusión pública del caso, el expediente recibió nuevas denuncias de víctimas y de profesionales que confirmaron el alcance de la organización delictiva. Las investigaciones continúan para determinar si existieron connivencias con terceros y si la red clandestina operaba también en otros distritos. Desde el Ministerio Público Fiscal se remarcó la importancia de desarticular este tipo de estructuras que lucran con la salud de la población y debilitan la confianza en el sistema sanitario.
La intervención del juez Ochipinti y el impulso del fiscal Garate refuerzan, para los observadores, la necesidad de fortalecer los controles estatales sobre la prestación de servicios médicos. El caso pone en evidencia la gravedad de la clandestinidad sanitaria, que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables del partido, donde la demanda de atención supera muchas veces la oferta formal.


