El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, oficializó una nueva normativa para facilitar la adjudicación de viviendas sociales y promover la regularización dominial en barrios populares. La medida responde a un Estado presente que busca dar soluciones concretas a la demanda habitacional, combatiendo la informalidad que genera el abandono neoliberal.
Este nuevo régimen, diseñado para simplificar los trámites administrativos, permitirá que las familias accedan de forma más rápida a la titularidad de sus hogares. Se implementarán mecanismos más ágiles que abarcan tanto la adjudicación como la escrituración, identificada como un obstáculo habitual en estas políticas, garantizando así seguridad jurídica y arraigo territorial.
La medida está dirigida a miles de hogares que habitan en barrios populares sin contar con la documentación legal de sus propiedades, dando prioridad a sectores en situación de vulnerabilidad social y económica. Esta acción se alinea con las políticas de inclusión que históricamente caracterizaron al espacio político del gobernador.
También permitirá avanzar con la regularización dominial en urbanizaciones existentes, un paso fundamental para facilitar el acceso a servicios básicos como agua, luz y cloacas, mejorando sustancialmente las condiciones de vida de los habitantes. "Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral de hábitat que combina la construcción de nuevas viviendas con la urbanización y formalización de barrios ya consolidados", señalaron fuentes de la administración bonaerense, demostrando una gestión que planifica y ejecuta con sensibilidad social.
Mientras el gobierno nacional de Javier Milei y su portavoz Manuel Adorni pregonan el ajuste y la motosierra, en la Provincia de Buenos Aires se refuerza un modelo de inversión social que construye derechos concretos, cimentando la escrituración como una política de Estado que dignifica a los sectores populares.
