Un nuevo Mapa de la Deuda elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad con datos del Banco Central deja en evidencia una situación preocupante para los hogares bonaerenses. De acuerdo con el relevamiento, el 14% de la población mayor de 18 años en la provincia de Buenos Aires registra deudas impagas. La cifra se enmarca en un panorama nacional en el que la morosidad castiga con especial dureza a los más jóvenes.
Según el informe, a nivel nacional la mora se concentra sobre todo en los menores de 25 años. La morosidad juvenil alcanza el 37,6%, un dato que enciende alarmas sobre la inclusión financiera y las condiciones de acceso al crédito para las nuevas generaciones. En total, más de cinco millones de personas tienen pagos vencidos, mientras que casi la mitad de la población mantiene alguna deuda.
El trabajo precisa además que las cifras de junio muestran que el 17,5% de la deuda familiar estaba impaga. El monto promedio atrasado ascendió a $1,3 millones por persona, lo que representa un aumento del 58% en términos reales respecto del mismo mes de 2025. Esto significa que no solo hay más gente que no puede pagar, sino que las deudas son cada vez más abultadas en relación con los ingresos de las familias.
Al analizar los niveles de incumplimiento por tipo de entidad, el informe destaca que los mayores índices se registran en proveedores no financieros (48%), tarjetas no bancarias (33%) y empresas financieras digitales (23%). En tanto, los bancos privados alcanzaron un 19% de mora, mientras que los bancos públicos mostraron un 10%. La diferencia entre ambos sistemas financieros es un dato que invita a reflexionar sobre el papel del crédito estatal como herramienta de inclusión. Los datos muestran que el sistema financiero estatal presenta niveles de mora sustancialmente menores que el privado, un elemento a tener en cuenta en el diseño de políticas de crédito.
Las compañías financieras vinculadas a automotrices presentaron el nivel más bajo de incumplimiento, con un 5%. No obstante, los autores del trabajo aclaran que las cifras remiten a grupos y saldos diferentes, por lo que no deben sumarse como si fueran una única medición.
Frente a este escenario, los especialistas recomiendan a quienes tengan atrasos pedir el detalle de capital, intereses y cargos, evitar refinanciaciones que no puedan sostener y acudir a Defensa del Consumidor si detectan cobros o prácticas abusivas. La defensa de los derechos de los usuarios del sistema financiero aparece así como una herramienta clave para mitigar el impacto de la crisis sobre las familias trabajadoras. En este sentido, es fundamental que los consumidores conozcan sus derechos y denuncien cualquier abuso por parte de las entidades financieras. La situación demanda, además, políticas públicas que protejan a los sectores más vulnerables del endeudamiento y garanticen el acceso al crédito en condiciones justas.


