Dos fiscales del Departamento Judicial La Matanza designados en septiembre de 2024 quedaron fuera de sus funciones por distintas circunstancias de salud, lo que vuelve a generar vacantes en uno de los distritos judiciales más importantes de la provincia de Buenos Aires.
Uno de los funcionarios sufrió un accidente cerebrovascular y se apartó de su tarea, mientras que la otra fiscal solicitó una licencia psiquiátrica. Son situaciones personales distintas, pero con el mismo resultado institucional: dos fiscalías vuelven a quedar sin sus titulares efectivos.
La novedad adquiere relevancia porque ambos habían asumido hace apenas dos años, dentro del paquete de 135 pliegos que el Senado bonaerense aprobó el 18 de septiembre de 2024 para cubrir cargos judiciales en 19 departamentos. El listado incluyó jueces, camaristas, fiscales, defensores oficiales y jueces de paz, y en el caso específico de La Matanza contempló a seis agentes fiscales: Sara Beatriz Cáceres, Sebastián Pablo Gallo, Matías Nahuel Marando, Diego Ignacio Rulli, Evangelina Laura Sánchez y Gonzalo Agustín Tarrio Suárez.
La incorporación de fiscales para La Matanza había tenido un peso particular en las negociaciones políticas que rodearon aquel paquete. Los pliegos originales eran 129 y luego se sumaron nuevos postulantes; distintas reconstrucciones periodísticas señalaron que una parte importante de esas incorporaciones correspondió al distrito, que tiene fuerte peso político dentro del oficialismo provincial. Finalmente, los 135 nombres fueron aprobados en una sesión en la que el acuerdo entre sectores políticos destrabó el tratamiento.
Ahora, las dos ausencias vuelven a poner a La Matanza ante un problema que el proceso de 2024 había intentado comenzar a resolver: la falta de funcionarios suficientes para atender la enorme demanda del sistema judicial. Las licencias y situaciones médicas no implican renuncia ni remoción de los cargos, pero mientras se prolonguen, el sistema debe activar los mecanismos para que las investigaciones penales continúen.
El impacto potencial no es menor. Las fiscalías tienen a su cargo la investigación de delitos, la recepción y dirección de denuncias, la producción de medidas probatorias y la intervención en procesos penales. En un distrito de las dimensiones de La Matanza, cualquier reducción en la cantidad de funcionarios disponibles puede incrementar la carga de trabajo sobre las fiscalías restantes.
La magnitud del problema puede dimensionarse al observar el proceso de 2024. Al momento de iniciarse el trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, la provincia registraba 644 cargos vacantes sobre un universo de 2.645 magistrados. Con las designaciones realizadas durante ese año, el número se redujo significativamente, pero la salida temporal o definitiva de un funcionario vuelve a generar necesidades que deben ser atendidas.
La tanda de nombramientos de septiembre de 2024 no fue una decisión menor: el gobernador Axel Kicillof había construido un acuerdo con sectores de la oposición para conseguir el respaldo legislativo, y la aprobación se produjo con amplia mayoría. La discusión tuvo además un capítulo particular alrededor de La Matanza, un distrito que concentra una enorme cantidad de habitantes y una elevada actividad judicial.
El sistema cuenta con mecanismos de subrogancia y reemplazo para evitar que una fiscalía quede paralizada, pero cuando existen varias vacantes simultáneas o las ausencias se extienden en el tiempo, la distribución de expedientes y responsabilidades puede aumentar la presión sobre otros funcionarios. En La Matanza, donde la cantidad de causas y denuncias exige una estructura fiscal amplia, el desafío adquiere una dimensión particular.
La provincia había avanzado en 2024 con una de las mayores tandas de designaciones judiciales de los últimos años: ese año el Senado aprobó en total 181 pliegos, contabilizando también los 46 cargos aprobados en mayo. Pero el paso del tiempo vuelve a mostrar que aquella cobertura no constituye una solución definitiva.
La Matanza vuelve a perder dos fiscales y, con ello, reaparece una problemática que el acuerdo político de 2024 había buscado atenuar: la necesidad de contar con una estructura judicial estable, completa y capaz de responder a la demanda de uno de los departamentos judiciales más importantes de la provincia de Buenos Aires.
