La Justicia de la provincia de Buenos Aires dio un paso contundente en defensa de los derechos de los adolescentes: suspendió preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, en todo el territorio bonaerense.
La medida fue resuelta por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de los pibes privados de su libertad.
El fallo, firmado este lunes 7 de septiembre, apenas dos días después de la entrada en vigencia de la normativa, ordena frenar su aplicación en forma inmediata mientras se analiza si la nueva legislación vulnera derechos fundamentales.
En su resolución, la magistrada entendió que existía una situación de urgencia y que era necesario evaluar el impacto real de una ley que, según sus propios términos, “aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad”.
El argumento central del fallo apunta a un punto crítico: la ley incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años, excluye determinados supuestos que antes no eran punibles y establece la aplicación de la escala penal del Código Penal. Es decir, más chicos adentro y por más tiempo, en lugar de pensar políticas de inclusión y contención.
La decisión de la jueza Pascual pone un freno a una lógica que prioriza el castigo por sobre la protección. En un contexto donde el gobierno nacional de Javier Milei insiste con bajar la edad de imputabilidad y endurecer penas, esta suspensión aparece como un resguardo necesario para que los derechos de los adolescentes no queden atropellados por la demagogia punitiva.
La Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que viene trabajando en los barrios populares con pibes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, celebró la medida. Ahora, la Justicia tendrá 60 días para analizar en profundidad una ley que, tal como está planteada, lejos de resolver problemas, los agrava.
Este freno es un triunfo de las organizaciones sociales y del sistema judicial que todavía cree en la garantía de derechos. Mientras tanto, el resto de los poderes debería escuchar: la solución no es llenar cárceles de pibes, sino construir un Estado presente que les dé oportunidades.


