El Gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, aprobó un régimen único para autorizar el uso de las islas de dominio público en la provincia. La medida alcanza al Delta del Paraná, a la Isla Martín García y a otras islas estatales, y establece una condición central: no se habilita su venta ni la transferencia de propiedad a manos privadas. De esta forma, la administración provincial avanza en el ordenamiento territorial sin resignar soberanía sobre sus tierras.
El Decreto 1517/2026 prevé la entrega de permisos por un plazo y un destino determinados, con obligaciones de conservación, controles periódicos y, cuando corresponda, el pago de un canon. El objetivo oficial es ordenar las ocupaciones existentes en las islas y compatibilizar los distintos usos con la protección de los humedales y la biodiversidad, dos recursos estratégicos para la región del Delta y para toda la provincia.
Las autorizaciones tendrán carácter precario y podrán revocarse por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización. Por eso, la norma es contundente: obtener un permiso no equivale a recibir un título de propiedad ni consolida un derecho permanente sobre la tierra. El Estado mantiene siempre la última palabra sobre el uso de esos territorios.
La iniciativa incluye además la creación del Registro de Islas Bonaerenses de Dominio Público, que estará administrado por la Subsecretaría de Asuntos Territoriales. Esta base de datos reemplazará al registro limitado al Delta que se había creado en 2020 y centralizará la información sobre inmuebles y permisos, incluso en islas que están fuera de esa región. Se trata de una herramienta clave para el control estatal y la planificación territorial.
Quienes ocupen o desarrollen actividades en tierras isleñas deberán esperar la instrumentación administrativa del decreto para conocer los requisitos, el canon y la documentación aplicables. Hasta entonces, una ocupación de hecho no queda regularizada automáticamente por la sola publicación de la norma. La provincia deja en claro que el ordenamiento se hará con reglas claras y bajo supervisión del Estado.
Con esta decisión, el gobierno de Kicillof refuerza la defensa del patrimonio público y el cuidado del ambiente. Las islas de dominio público no son un negocio inmobiliario ni un espacio para la especulación privada: son territorio bonaerense que debe preservarse para las próximas generaciones. La protección de los humedales, la biodiversidad y el acceso público a esos bienes naturales queda así en el centro de la agenda provincial.
La medida se inscribe en una línea de gestión que prioriza el ordenamiento territorial con criterio social y ambiental. Con esta norma, la Provincia apuesta por la intervención estatal, la transparencia en el uso de los bienes públicos y la conservación de los humedales. El decreto 1517/2026 se convierte así en una herramienta para que el Delta y la Isla Martín García sigan siendo parte del patrimonio de todas y todos los bonaerenses.