La administración de Axel Kicillof oficializó un marco normativo que regula el desarrollo, adquisición e implementación de sistemas de inteligencia artificial (IA) en el Estado bonaerense, con el propósito de garantizar un uso responsable, transparente y soberano de estas tecnologías. La medida se inscribe en el proceso de modernización del Estado que impulsa el gobierno provincial, siempre con el foco puesto en la defensa de los derechos ciudadanos y la igualdad de oportunidades.
Este avance se concretó con la publicación del Decreto N.º 742, a través del cual se crea el Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial, de cumplimiento obligatorio para toda la administración pública centralizada, descentralizada y los entes autárquicos provinciales. Frente a discursos que promueven la desregulación total y la retirada del Estado, la Provincia apuesta por un marco que garantice el control humano, la transparencia y la rendición de cuentas.
La normativa busca promover la innovación tecnológica sin descuidar la protección de derechos, la seguridad informática y la transparencia institucional. Entre sus objetivos principales está la incorporación de soluciones de IA destinadas a mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la prestación de servicios públicos y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las demandas ciudadanas. Se trata de una política que, en línea con la tradición de ampliación de derechos del kirchnerismo, pone la tecnología al servicio de la gente y no de intereses corporativos.
Supervisión obligatoria
Un punto clave del decreto es que ningún organismo provincial podrá avanzar en proyectos de inteligencia artificial sin la previa intervención de la Subsecretaría de Gobierno Digital. Este organismo será responsable de evaluar cada iniciativa, analizar los riesgos potenciales, homologar las herramientas utilizadas y definir estándares técnicos para las contrataciones relacionadas con IA. De esta manera, se evita que decisiones automatizadas se conviertan en cajas negras inaccesibles para la ciudadanía.
Asimismo, tendrá a su cargo la emisión de lineamientos que garanticen que los desarrollos tecnológicos cumplan criterios uniformes en toda la administración pública provincial, promoviendo la interoperabilidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Once principios para el uso responsable
El marco regulatorio establece una serie de principios obligatorios para todas las aplicaciones de inteligencia artificial en el Estado, entre los que se destacan:
- supervisión humana en la toma de decisiones;
- protección de los datos personales;
- transparencia y trazabilidad de los sistemas;
- prevención de sesgos discriminatorios;
- respeto por los derechos fundamentales;
- utilización ética y responsable de la tecnología;
- seguridad informática;
- fortalecimiento de la soberanía tecnológica;
- promoción de la innovación pública.
Estos lineamientos buscan evitar que decisiones automatizadas afecten derechos o generen procesos opacos dentro de la administración. El énfasis en la soberanía tecnológica, en particular, abre la puerta al desarrollo de capacidades locales y a la creación de empleo en el sector, impulsando la industria nacional del software y reduciendo la dependencia de soluciones extranjeras.
Modernización con foco en los derechos
Esta regulación acompaña una tendencia internacional orientada a aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial, respetando las garantías legales y constitucionales. En los últimos años, diversos gobiernos han desarrollado marcos regulatorios para incorporar estas tecnologías bajo principios de transparencia, rendición de cuentas y control humano, especialmente en procesos administrativos que impactan en la ciudadanía. La Provincia de Buenos Aires se suma a ese camino con una iniciativa que equilibra transformación digital y protección social.
La gestión de Kicillof busca combinar la transformación digital del Estado con mecanismos de supervisión que minimicen riesgos y aseguren un uso confiable de estas herramientas, en un contexto donde otras administraciones promueven el vaciamiento de las capacidades estatales. La IA, así entendida, se convierte en un instrumento para fortalecer la educación pública, la salud y los servicios sociales, áreas que el gobierno provincial considera estratégicas.
Invitación a los municipios
Si bien el decreto es obligatorio solo para organismos provinciales, el Gobierno bonaerense también invitó a los municipios a adherir voluntariamente al marco regulatorio dentro de sus competencias. La intención es promover criterios comunes para la gestión pública eficiente, coordinada y transparente en todo el territorio provincial, consolidando una red de administraciones locales comprometidas con la innovación responsable y la defensa de los derechos de los bonaerenses.