El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a ponerse al frente de la defensa de la industria nacional al recibir a las pymes elaboradoras de biodiésel y expresar su rechazo al proyecto de ley de biocombustibles impulsado por la senadora Patricia Bullrich. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, en una reunión con representantes de la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).
Durante el encuentro se analizaron en detalle los cambios que propone la iniciativa presentada en el Senado para reemplazar el régimen vigente. El proyecto, encabezado por Bullrich, propone derogar la Ley 27.640 y crear un nuevo marco regulatorio. Entre sus puntos centrales está la suba progresiva del corte obligatorio de biodiésel, que pasaría del 7,5% actual al 10%, y la implementación de un sistema con mayor competencia y mecanismos de mercado para la comercialización. En los hechos, esa mayor competencia implica que las pequeñas y medianas empresas deberían pelear de manera desigual contra las grandes aceiteras, que concentran la producción de granos y el acceso a los mercados externos.
Detrás de esa aparente "modernización" se esconde un riesgo concreto para las economías regionales. Desde CEPREB advirtieron que ese esquema podría reducir de forma progresiva la participación de las pequeñas y medianas empresas y concentrar la actividad en manos de las grandes compañías aceiteras. Por eso reclaman que el nuevo régimen garantice un cupo del 5% para las pymes. Según la cámara, están en riesgo unas 25 plantas del interior y alrededor de 10.000 puestos de trabajo. No son números menores: se trata de familias enteras que dependen de esa actividad en localidades donde la producción de biodiésel es uno de los principales motores económicos.
El tema también afecta de manera directa a la provincia de Buenos Aires: las empresas que participaron de la reunión representan a diez plantas elaboradoras de biodiésel ubicadas, entre otros distritos, en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo. En ese marco, Kicillof manifestó su rechazo a la iniciativa y se comprometió a defender la actividad productiva y los empleos del sector. El gobernador conoce de cerca el valor de estas empresas: son las que agregan valor a la producción primaria y generan trabajo en el interior bonaerense.
No es la primera vez que el gobernador bonaerense se planta ante un proyecto que atenta contra el entramado productivo. Su gestión ha priorizado el trabajo y la producción como ejes del desarrollo provincial. Esta vez, el respaldo a las pymes del biodiésel ratifica una línea clara: la provincia de Buenos Aires no va a permitir que se destruyan fuentes de trabajo en nombre de una "mayor competencia" que solo beneficia a los grandes grupos concentrados.
La discusión sigue abierta en el Congreso y divide a la industria. Mientras las pymes alertan por una posible concentración, las entidades ligadas a las grandes aceiteras respaldan una mayor apertura del mercado. Lo que se defina será determinante para saber cómo quedará distribuida la producción de biodiésel y qué lugar ocuparán las empresas regionales en el nuevo régimen. Por ahora, Kicillof ya marcó la cancha: del lado de los que producen y generan empleo.


