Con el objetivo de reforzar la cadena de custodia y la confiabilidad de las pruebas judiciales, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires aprobó un protocolo que regula la recolección, conservación y traslado de evidencias para análisis de ADN. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 2060-MSGP-2026.
Este avance institucional, que forma parte de las políticas públicas de la gestión provincial en materia de justicia, establece procedimientos comunes para el levantamiento, la recopilación, la preservación y la remisión de muestras genéticas. El documento fue elaborado junto con la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General y contó con el aporte de distintas áreas del Estado bonaerense.
La unificación de criterios apunta a reducir errores, contaminación de muestras y diferencias operativas entre jurisdicciones. En la práctica, esto significa que todas las dependencias policiales, científicas y forenses que intervienen en investigaciones penales dentro de la provincia deberán seguir un mismo estándar, lo que garantiza mayor transparencia y rigor en el manejo de la evidencia.
Uno de los ejes centrales de la nueva normativa es la cadena de custodia. Una cadena de custodia bien documentada permite determinar quién manipuló cada evidencia desde su obtención hasta el análisis pericial. Este punto es fundamental para asegurar la validez de las pruebas en los procesos judiciales, ya que cualquier falla en este proceso podría derivar en la impugnación de las mismas.
En las últimas décadas, el análisis de ADN se ha convertido en una herramienta esencial para la investigación penal. Su precisión permite vincular a sospechosos con la escena del crimen, exculpar a inocentes y resolver casos que antes parecían imposibles de aclarar. Por eso, la correcta gestión de las muestras genéticas es un pilar fundamental del sistema judicial.
En la elaboración del protocolo participaron la Policía Científica, áreas provinciales de estudios forenses, institutos periciales, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado. Esta articulación interinstitucional refleja un esfuerzo conjunto para fortalecer el sistema de justicia bonaerense.
La efectividad de la nueva normativa dependerá ahora de su aplicación uniforme y de la capacitación de los equipos intervinientes, según señalaron fuentes oficiales. Con esta medida, el Estado provincial avanza en la modernización de sus herramientas forenses y reafirma su compromiso con una justicia más segura y confiable para todos los bonaerenses.
