La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a cuatro proyectos de ley orientados a reordenar deudas, limitar cobranzas abusivas y reforzar la información sobre créditos. Las iniciativas fueron giradas al Senado y, por ahora, no crean derechos exigibles ni modifican contratos vigentes. Se trata de un paso legislativo que busca dar herramientas concretas a quienes atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Uno de los textos plantea una instancia prejudicial obligatoria y gratuita en la Defensoría del Pueblo para reunir al consumidor con todos sus acreedores. Los acuerdos podrían extender plazos, reducir tasas o aplicar quitas, y las cuotas resultantes no deberían superar en conjunto el 30% del ingreso neto mensual del deudor. Ese límite apunta a que el pago de las deudas no se lleve por delante el presupuesto familiar.
Otra iniciativa incorpora un proceso judicial específico y gratuito para quienes ya no puedan cumplir regularmente sus obligaciones. En ese marco, el juez podría ordenar medidas de protección patrimonial, suspender intereses o ejecuciones y convocar una audiencia para negociar un plan integral de pagos. La propuesta apuesta por la negociación como vía para que el deudor pueda reorganizar sus pagos.
El paquete también limita los reclamos extrajudiciales: no permitiría llamadas o mensajes fuera del horario de 9 a 20 en días hábiles, ni contactos durante fines de semana y feriados. Además, prohíbe involucrar al empleador, familiares o terceros, ocultar el número telefónico y simular comunicaciones provenientes de organismos públicos. De esta manera, se busca poner freno a las modalidades de cobranza más agresivas que sufren los deudores.
La cuarta iniciativa exige información clara y completa sobre el monto financiado, la tasa efectiva anual, el costo financiero total, las cuotas, los seguros y las penalidades, incluso en ofertas realizadas por aplicaciones o redes sociales. El objetivo es que las personas conozcan el costo real del crédito antes de asumir un compromiso de pago.
Como falta el tratamiento del Senado y una eventual promulgación, quienes tengan dificultades de pago deben seguir usando por ahora las vías vigentes de defensa del consumidor, las OMIC y la Justicia. La media sanción, de todos modos, representa un avance en la agenda legislativa bonaerense en favor de los consumidores y de las familias que enfrentan problemas de sobreendeudamiento.