El Gobierno bonaerense autorizó un incremento del 2,5% en las cuotas de los colegios privados que reciben subvención estatal, con vigencia a partir de septiembre. La medida fue comunicada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que precisó que la actualización responde a los acuerdos alcanzados en las paritarias docentes, y que busca acompañar los aumentos salariales del sector.
En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, el aumento autorizado para el mismo mes será del 4,2%, un porcentaje significativamente mayor al dispuesto por la provincia de Buenos Aires. Esta diferencia muestra dos enfoques distintos en la regulación de los aranceles educativos: mientras que la gestión bonaerense optó por una actualización más moderada, en línea con la necesidad de cuidar el bolsillo de las familias, el gobierno porteño habilitó un incremento más elevado, que impactará directamente en los hogares que eligen la educación privada.
Desde AIEPA advirtieron sobre las dificultades económicas que atraviesan numerosos establecimientos. Entre los principales problemas mencionaron la caída en la cantidad de alumnos inscriptos y una morosidad en el pago de las cuotas que actualmente se ubica en un promedio del 11%. Esta situación, según explicaron, se ve agravada por el contexto inflacionario, que afecta tanto a las familias como a las propias instituciones.
A este escenario se suma, según la entidad, el incremento de los costos de mantenimiento de los edificios y de los servicios, además de los retrasos en la autorización de actualizaciones arancelarias en algunas jurisdicciones. Las entidades educativas privadas subvencionadas deben afrontar, al mismo tiempo, el pago de los salarios docentes y los gastos operativos, con una matrícula que en muchos casos no alcanza a cubrir los costos totales.
El sector aseguró que mantiene conversaciones con las autoridades para buscar alternativas que permitan sostener el funcionamiento de los establecimientos y evitar cierres de cursos, reducciones de servicios o la salida de instituciones del sistema educativo. En ese marco, las partes vienen trabajando en conjunto para encontrar soluciones que protejan tanto a las escuelas como a las familias, en un contexto de dificultades económicas.
La decisión del gobierno provincial de autorizar un aumento del 2,5% se da en el marco de un esfuerzo por acompañar a los trabajadores de la educación, sin trasladar a las familias un peso excesivo. La educación, tanto pública como privada subvencionada, es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, y el diálogo entre el Estado y las instituciones resulta clave para garantizar su continuidad.
