Los colectivos que circulan por la Provincia de Buenos Aires sufrieron una caída del 22,6% en la cantidad de pasajeros durante los días hábiles de julio, en comparación con el mismo mes del año anterior. La retracción superó ampliamente a la registrada en las líneas porteñas, donde el descenso fue del 7,2%. De esta manera, la brecha entre ambos distritos se profundiza, y los usuarios del conurbano son los más golpeados por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de las tarifas.
En total, los colectivos del Área Metropolitana transportaron 128,1 millones de pasajeros durante julio, frente a los 146,1 millones del mismo mes de 2025. La disminución general fue del 19,1%, lo que representa unos 18 millones de viajes menos. Este retroceso en la demanda no solo afecta a las empresas prestadoras, sino que también tiene un impacto directo en la vida cotidiana de miles de trabajadores que dependen del transporte público para llegar a sus puestos de trabajo o acceder a servicios esenciales.
El aumento del boleto y las dificultades del servicio habrían modificado los hábitos de movilidad de los usuarios. En las líneas provinciales, el boleto acumuló un incremento interanual del 117,31%, una cifra que evidencia un fuerte golpe al bolsillo de los pasajeros y que explica, en gran parte, la decisión de muchos de buscar alternativas como el auto particular, las motos o las aplicaciones de transporte. La pérdida de pasajeros, a su vez, puede afectar la recaudación de las empresas, deteriorar las frecuencias y generar un círculo vicioso que empeore la calidad del servicio.
El escenario es particularmente complejo para la Provincia de Buenos Aires, donde el transporte público es la única opción de movilidad para millones de personas. La caída en la demanda de colectivos provinciales, que duplica a la de la Ciudad Autónoma, refleja una realidad social que no puede ser ignorada: el ajuste económico golpea con mayor fuerza a los sectores populares, y la movilidad es una de sus consecuencias más visibles. En este contexto, resulta fundamental que las autoridades provinciales y nacionales tomen medidas para mitigar el impacto de la suba de tarifas y garantizar el acceso al transporte como un derecho.
