El 58 % de los caminos rurales bonaerenses presenta un estado entre regular y malo, una situación que afecta a productores, tamberos, transportistas, docentes y vecinos. El deterioro también expone las limitaciones que enfrentan los municipios para gestionar con autonomía los recursos destinados al mantenimiento de la red vial.
La provincia de Buenos Ayres cuenta con una de las redes viales rurales más extensas del país: son más de 106.000 kilómetros de caminos. Alrededor de 85.000 kilómetros —casi el 80 %— están bajo responsabilidad municipal, mientras que unos 25.600 kilómetros dependen de la administración provincial.
El problema se vuelve especialmente crítico después de las lluvias. Para miles de personas que viven y trabajan en el interior bonaerense, cada precipitación puede transformar la salida del campo en una verdadera odisea. El mal estado de los caminos dificulta el traslado de la producción y también el acceso al trabajo, la educación y otros servicios.
El debate no se limita a la cantidad de recursos disponibles. De acuerdo con estimaciones de CARBAP, durante 2025 los municipios recaudarán alrededor de $165.000 millones a través de la tasa vial rural de 103 municipios. A ese monto se suma el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, integrado con el 12 % de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural, según establece la Ley provincial 13.010.
Se trata de fondos que provienen, en gran medida, del propio sector productivo. Su aplicación continúa generando reclamos entre los contribuyentes, que cuestionan que esos recursos sean administrados discrecionalmente por los intendentes y que no se cumplan los objetivos para los que fueron creados.
La reforma constitucional de 1994 incorporó el artículo 123, que obliga a las provincias a garantizar la autonomía municipal. Sin embargo, Buenos Ayres continúa funcionando bajo un régimen municipal centralizado, basado en normas como la Ley 1810 de 1886, el Dto-Ley 6769 de 1958 y su Constitución Provincial de 1889.
En ese esquema, los municipios asumieron competencias cada vez mayores, pero todavía dependen de decisiones provinciales para organizar buena parte de su funcionamiento. Los caminos rurales reflejan esa contradicción: los intendentes deben responder ante los vecinos por el estado de la red vial, aunque no cuentan con herramientas suficientes para decidir con plena autonomía la organización, la ejecución y el control de los recursos.
Hay, de todos modos, experiencias que muestran alternativas de gestión. Tres Arroyos administra desde hace casi tres décadas un «Ente Descentralizado Vial», creado mediante la Ordenanza 5110/02 y considerado uno de los modelos más eficientes de la provincia.
En 9 de Julio, en tanto, la Sociedad Rural promovió la creación de una «Comisión Vial Rural», integrada por productores y representantes del municipio para administrar los recursos destinados al mantenimiento de los caminos.
Estos ejemplos plantean una discusión que va más allá de la reparación de baches. El desafío es construir instituciones más modernas, transparentes y participativas, con municipios dotados de herramientas suficientes para organizar y controlar las tareas que impactan de manera directa en cada comunidad.
La autonomía municipal no es solamente un reclamo de los intendentes. También aparece como una condición para que cada comunidad pueda resolver con mayor eficiencia problemas que conoce de primera mano. Sin municipios organizados, el interior bonaerense corre el riesgo de seguir perdiendo competitividad, población y oportunidades.
Los caminos rurales no solo conectan campos y pueblos: también articulan producción, trabajo y desarrollo. El estado de esa red muestra que, además de recursos, se necesitan reglas claras, control y una mayor capacidad de decisión local para sostenerla en condiciones adecuadas.