La Legislatura de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión del gobernador Axel Kicillof, sancionó la Ley Joaquín, una normativa que establece exigencias fundamentales para garantizar la seguridad en espacios deportivos públicos y privados.
La ley obliga a que los equipamientos como arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet y postes para redes de vóley sean instalados correctamente, asegurados firmemente al suelo y sometidos a controles y mantenimiento periódicos. Además, dispone la colocación de protecciones acolchonadas en los laterales de las canchas para amortiguar golpes y reducir el riesgo de lesiones durante las actividades deportivas.
El objetivo central es prevenir accidentes que puedan causar heridas graves o incluso la muerte, con especial foco en niños, niñas y adolescentes, aunque las medidas alcanzan a todas las personas que utilicen estos espacios. La iniciativa surgió a partir del trágico fallecimiento de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años de Ramos Mejía. El 3 de enero, mientras participaba en un campamento de exploradores en Junín de los Andes, Joaquín se sujetó a un arco de fútbol que no estaba anclado al suelo. La estructura colapsó y cayó sobre él, provocándole heridas muy graves que terminaron con su vida.
Este lamentable episodio generó una fuerte conmoción y reavivó el debate sobre el estado de conservación de los equipamientos en clubes, escuelas, plazas, colonias y otros espacios recreativos. Expertos en seguridad deportiva subrayan que los arcos móviles sin anclaje son una de las mayores fuentes de riesgo, y recomiendan, tal como ahora exige la ley, que estas estructuras estén fijadas permanentemente al suelo o cuenten con sistemas certificados de contrapesos, junto a inspecciones regulares para detectar deterioros.
Con esta ley, la provincia de Buenos Aires reafirma el rol del Estado como garante de condiciones seguras para la recreación y el deporte, en línea con políticas de cuidado que priorizan a las infancias. La medida, sancionada bajo la administración de Axel Kicillof, demuestra que la intervención estatal, cuando se orienta a proteger a los más vulnerables, salva vidas y ordena responsabilidades donde antes reinaba la omisión.
