La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó la primera audiencia por la demanda de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por el gobernador Axel Kicillof, contra el Gobierno nacional de Javier Milei debido al recorte en las transferencias destinadas al sistema previsional.
En representación bonaerense participaron el ministro de Economía, Pablo López, el fiscal de Estado, Hernán Gómez, la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
Tras la audiencia, López destacó la instancia de diálogo institucional y afirmó: "Gracias a este espacio dispuesto por la Corte pudimos plantear el reclamo por la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la Provincia por el sistema jubilatorio, que ya supera los $2,2 billones".
Próxima audiencia y compromisos del Gobierno nacional
Durante la reunión, la administración nacional se comprometió a avanzar en el análisis del reclamo, fijándose una nueva audiencia para el 21 de abril. López expresó su expectativa: "Esperamos que para esa fecha se reconozca la deuda y se asuma un compromiso de solución a este incumplimiento".
El ministro recordó que esta demanda es una de las siete que la Provincia mantiene contra Nación, con deudas por transferencias no automáticas y obras inconclusas que suman cerca de $15,6 billones.
Resaltó además: "Desde la gestión de Axel Kicillof seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla sus obligaciones y recupere recursos vitales para los más de 17 millones de bonaerenses".
Repercusiones en coparticipación y servicios públicos
Entre los reclamos se incluyen recortes en fondos clave como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Compensación al Transporte del Interior y el Fondo Nacional de Incentivo Docente. La Provincia denuncia que esta situación se agrava en un contexto de caída de la recaudación por la recesión económica.
Además, destacan que Buenos Aires aporta cerca del 38% de la recaudación nacional pero recibe apenas el 7%, mientras que la Nación concentra aproximadamente el 70% de los recursos, un desequilibrio que limita la capacidad provincial para sostener servicios esenciales.
El recorte de transferencias afecta gravemente la prestación de servicios básicos a más de 17 millones de habitantes, aumentando la presión sobre las finanzas públicas y sobre la calidad de vida en la Provincia.
