En una tarde que parecía tranquila, el cruce de las calles Obligado y Santa Catalina, en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, se convirtió en el escenario de un violento episodio que dejaría una víctima fatal y encendería las alarmas de la comunidad. Un oficial de la Policía de la Ciudad, de 21 años, que se encontraba vestido de civil y circulaba en su moto, fue rodeado por un grupo de seis asaltantes que se movilizaban en otro rodado. Uno de ellos, un adolescente de solo 15 años, intentó asaltarlo, pero el efectivo, en un acto de legítima defensa, disparó su arma reglamentaria y lo hirió de muerte.
Los cómplices lograron huir con la moto del policía, dejando abandonado al joven herido, que falleció en el lugar. Poco después, un familiar reconoció el cuerpo y se estableció que se trataba de L.G.H., de 15 años. La Justicia, a través de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, tomó intervención en la causa para esclarecer los hechos.
Días después, la familia y amigos del joven realizaron su funeral con una caravana de motos y disparos al aire. Sus restos fueron enterrados en un cementerio de González Catán. La Policía Bonaerense, que había sido alertada por los disparos y por el robo de una moto durante el velorio, siguió el cortejo fúnebre con efectivos de la Comisaría 2ª de González Catán.
En el camino hacia el cementerio, un miembro del cortejo disparó contra los efectivos, según fuentes de la investigación. El padre del joven, Gabriel Herrera, se enfrentó a los policías y aseguró que no había pedido personal. Sin embargo, al ser requisado, se le halló una pistola calibre .380 en la cintura, motivo por el cual fue detenido y quedó acusado de tenencia ilegal de arma de guerra.
La Policía Bonaerense respondió con disparos y además detuvo a otros cuatro menores de edad, entre ellos dos jóvenes de 15 años que todavía son inimputables por su edad. Durante el operativo, se secuestraron nueve motos, una de ellas con pedido de robo. Esa moto, una Corven Energy de 110 cc, era tripulada por los dos menores acusados de disparar contra la Bonaerense, quienes habrían descartado el arma tras una persecución.
A raíz de este suceso, los vecinos del barrio expresaron su preocupación por la inseguridad y reclamaron medidas concretas. Asimismo, el caso reabre el debate sobre la edad de imputabilidad de los menores, aunque organizaciones de derechos humanos sostienen que bajar la edad no es la solución, sino que se necesitan inversiones en educación y contención social.
Este trágico episodio pone en evidencia la compleja situación social y la violencia que atraviesan los barrios populares del conurbano bonaerense. Resulta indispensable profundizar las políticas de prevención y el control de armas, así como generar oportunidades para que los jóvenes no encuentren en la calle un destino de muerte y exclusión. La labor de la Policía Bonaerense, en este contexto, fue clave para evitar que la situación escalara a mayores consecuencias.