Dos delincuentes robaron y golpearon a una vecina jubilada de 61 años cuando ingresaron a su casa en el barrio Da Vinci, de Rafael Castillo. La víctima sufrió un violento asalto en su propio hogar, un hecho que volvió a encender el reclamo por la seguridad en la zona oeste del conurbano.
Tras el episodio, la mujer dialogó con medios locales y, con visible angustia, pidió “más seguridad en el barrio”. “Yo no me merecía esto, somos gente de trabajo”, aseguró, reflejando el sentir de muchos vecinos que ven cómo la delincuencia avanza sin respuestas concretas.
Vecinos de Rafael Castillo vienen reclamando desde hace tiempo por mayor presencia policial en el distrito. Sin embargo, por el momento no hay información oficial sobre medidas concretas para frenar la ola de hechos violentos que azota a la región. El caso está en pleno desarrollo y aún no trascendieron detalles sobre el estado de salud de la víctima ni sobre la investigación en curso.
La situación en La Matanza es un espejo de lo que ocurre en gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde la inseguridad se volvió una preocupación cotidiana. Mientras tanto, los gobiernos nacional y provincial siguen sin dar respuestas contundentes a los reclamos de los vecinos, que piden patrullajes, iluminación y justicia.
Este nuevo episodio de violencia vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de políticas públicas efectivas en materia de seguridad. La jubilada, una trabajadora más del distrito, se suma a la lista de víctimas de un delito que no discrimina edad ni condición. Su pedido es claro: que el Estado esté presente antes de que ocurran más tragedias.
Mientras tanto, los vecinos del barrio Da Vinci y de Rafael Castillo en general esperan que las autoridades escuchen sus reclamos, que no son nuevos. La falta de respuestas oficiales profundiza la sensación de abandono y deja a las familias más vulnerables expuestas a la violencia.
El caso, que ya conmueve a la comunidad, es un recordatorio de que la seguridad no se resuelve con discursos ni anuncios vacíos, sino con trabajo territorial y presencia real del Estado. La víctima, que pidió no dar a conocer su identidad, sigue esperando justicia y protección.
Este diario acompaña el reclamo de la jubilada y de todos los vecinos de La Matanza que exigen respuestas. La inseguridad es un problema estructural que requiere de todos los niveles del Estado trabajando juntos, y no puede seguir siendo postergado.
