La causa por el crimen de Cristian Pereyra, docente de 39 años, en Virrey del Pino, avanza con un foco crítico sobre diversos aspectos de la investigación oficial y el accionar policial.
El único imputado es un agente de la Policía bonaerense, Matías Vizgarra, quien pidió un viaje a través de una plataforma y fue trasladado por Pereyra en un Chevrolet Corsa. La familia y su abogado cuestionan la ruta emprendida y posibles irregularidades en la conducta institucional tras el homicidio ocurrido el 15 de marzo.
La versión oficial indica que el recorrido comenzó alrededor de las 3:15, cuando Vizgarra subió al vehículo en la localidad de Virrey del Pino rumbo a Mariano Acosta, partido de Merlo. Sin embargo, se destaca que el policía no descendió en ese destino sino que el automóvil retornó varias veces a zonas cercanas al punto inicial, un hecho que aún no fue incorporado formalmente a la causa.
Los llamados al 911 a las 4:34 alertaron sobre un incidente con disparos en la Autopista Presidente Perón. El docente recibió cinco impactos de bala —todos por la espalda— y falleció tras sufrir graves heridas. Tras abandonar el vehículo en Ciudad Evita, el presunto agresor caminó hasta la Base UTOI La Matanza donde fue detenido.
Roberto Torres, abogado de la familia y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), destacó la necesidad de esclarecer si hubo coerción en el cambio de ruta y cuestionó la actuación de la Policía bonaerense en la preservación de la escena y el manejo de la investigación inicial.
“No había nada extraño en la toma del viaje, pero sí hay que determinar qué pasó en el medio, si lo obligó a hacer un recorrido diferente y si Cristian se negó”, afirmó Torres. La investigación apunta a un homicidio criminis causa, ya que el ataque sería para ocultar el robo del vehículo.
Además, se resalta la agravante del uso del arma reglamentaria del policía involucrado, lo que implica una responsabilidad estatal en los hechos. La querella también solicitó el legajo del efectivo para conocer antecedentes o sanciones previas.
Los análisis técnicos, incluidos registros de cámaras de seguridad y antenas telefónicas, serán determinantes para reconstruir los hechos con precisión. Tampoco fue analizado aún el teléfono celular del acusado, que podría aportar información clave.
Desde el ángulo social, la causa refuerza la historia personal de Cristian: un docente que enfrentaba dificultades económicas, combinando su labor con trabajos en aplicaciones y su propio taller mecánico para sostener a su familia y pagar el alquiler.
Este lamentable hecho pone en debate cuestiones fundamentales sobre la seguridad pública y la actuación policial en la Provincia de Buenos Aires, en un contexto que exige respuestas claras para la comunidad de Virrey del Pino y la región.
