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Por Redacción —
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, dirigido por Walter Correa, enfrenta una profunda crisis institucional tras una serie de renuncias que ponen en cuestionamiento su operativa interna. Según reportó el portal Cronos Noticias, la salida de dos altos funcionarios de la Subsecretaría de Inspección desencadenó un escándalo con denuncias de sobreexigencia laboral, acoso e incluso instigación, en un área que debería proteger los derechos laborales.
Las renuncias provinieron de lugares clave: Maximiliano Sanfilippo, director de Higiene y Seguridad, y Rodrigo Carballeira Gibson, responsable de Inspección Laboral, quienes abandonaron sus cargos tras rechazar un sistema laboral que calificaron de abusivo. Ambos, subordinados al subsecretario Mariano Salomón, habrían resistido presiones para adoptar controles que derivaron en denuncias de inspectores de terreno.

La crisis se disparó durante el operativo de verano en la Costa Atlántica, cuando los inspectores evidenciaron condiciones de hacinamiento en los alojamientos y jornadas laborales de entre 12 y 13 horas diarias. Fuentes oficiales indicaron que los directores renunciantes intentaron proteger al personal y se opusieron a un enfoque productivista que privilegiaba la cantidad de actas sobre la calidad del registro laboral.
Además, surgieron críticas hacia la estrategia de inspección: se habría indicado relevar únicamente locales con más de tres empleados, una táctica para inflar las estadísticas del operativo sin generar mejoras reales en el ámbito laboral. Los propios agentes catalogaron esta política como un "fracaso", ya que pareció más orientada a sostener un control discrecional del circuito de multas que a garantizar derechos.
La controversia alcanza instancias legales dado que las denuncias de acoso violarían el Convenio 190 de la OIT sobre violencia laboral, ratificado por Argentina. Mientras el ministro Walter Correa se encuentra en el centro de la polémica, persiste la sospecha sobre "zonas liberadas", donde las inspecciones laborales serían omitidas, avivando dudas respecto a la transparencia y la gestión interna del Ministerio.








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