Investigación policial
Por Redacción —
En el contexto de la tercera sesión ordinaria del año, el Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó este jueves una declaración de emergencia social, económica, sanitaria, ambiental y urbana para Bahía Blanca, en respuesta al desgarrador temporal del 7 de marzo que provocó 17 víctimas fatales y causó graves daños en la ciudad. Esta iniciativa impulsada por el bloque oficialista recibió un amplio respaldo político bajo la presidencia de la vicegobernadora Verónica Magario.
La normativa crea un Comité Temporal de Emergencia encargado de coordinar las acciones para brindar asistencia y promover la reconstrucción en el municipio. Asimismo, contempla medidas de alivio fiscal y la suspensión de incrementos en servicios públicos esenciales, con el propósito de acompañar tanto a las familias afectadas como a comercios y pequeñas y medianas empresas perjudicadas por esta catástrofe climática.
🏛️ El Senado aprobó la Emergencia social, económica, sanitaria, ambiental y urbana en Bahía Blanca
— Senado BA (@Senado_BA) October 3, 2025
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El proyecto fue calificado como fundamental por los legisladores de la región, ya que Bahía Blanca continúa recuperándose de la destrucción en viviendas, infraestructura y las pérdidas económicas en diversos sectores productivos. Desde el oficialismo resaltaron la importancia de que el Estado provincial proporcione herramientas efectivas para la reactivación social y económica.
Durante la misma sesión también se aprobó la obligatoriedad de incluir la línea 144— que brinda contención y asesoramiento a víctimas de violencia de género — en todos los recibos de sueldo provinciales, acompañada con un mensaje oficial del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.
Además, se sancionó una norma que obliga a las prestadoras de servicios públicos provinciales a garantizar el suministro necesario a hospitales, escuelas, municipios y organizaciones sin fines de lucro, aún en caso de deudas o advertencias de corte.

Entre otras medidas aprobadas se incorporan normativas de carácter social y sanitario: desde la obligación de informar la composición nutricional en las cartas de locales gastronómicos, hasta la imposición de opciones saludables para niñas, niños y adolescentes. También se instituyó el Observatorio de Personas en Situación de Calle, que permitirá reunir estadísticas actualizadas para diseñar políticas públicas focalizadas.
Por último, el Senado bonaerense manifestó su adhesión al Régimen Federal de Empleo Protegido para personas con discapacidad, consolidando el compromiso de promover mayores oportunidades laborales, tanto en el ámbito público como privado.
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