Kicillof busca unir a los intendentes frente a Milei, pero surgen tensiones internas por reclamos locales

Este jueves a las 15:30, el Salón Dorado de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires será el escenario de un intenso debate sobre la crítica situación financiera provincial. En este marco, Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes bonaerenses con un claro objetivo: discutir las consecuencias económicas del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el encuentro podría convertirse en un espacio donde los reclamos se centren también en las dificultades internas, incluida la gestión provincial, generando un ambiente tenso entre sus propios funcionarios.

Los ministros de Economía, Pablo López, y de Producción, Augusto Costa, serán los encargados de presentar el diagnóstico financiero que afecta a la provincia. Según los datos actualizados, la deuda acumulada que la Nación tiene con Buenos Aires alcanza los $22 billones. Este monto se desglosa en $8,7 billones por obras públicas paralizadas, $3,8 billones vinculados a compromisos incumplidos como el FONID y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, $2,2 billones por retenciones en fondos de ANSES destinados a cubrir el déficit previsional, y $6,6 billones por la disminución en recaudación y coparticipación.

Aunque existe consenso en cuanto al impacto negativo del ajuste aplicado por Milei, los intendentes arriban a La Plata con una agenda cargada de reclamos que también señalan deficiencias en la administración Kicillof. La provincia enfrenta serias dificultades financieras: en el tercer trimestre de 2025, se registró un déficit financiero de $1,4 billones, lo que representa un desafío para la gestión.

Las dificultades llevaron a la Provincia a retrasar pagos esenciales. Los mandatarios denuncian que proveedores del Estado enfrentan demoras superiores a los 120 días, y que ya se registraron cheques rechazados por parte de organismos provinciales, revelando serias tensiones en la capacidad operativa. Además, la oferta salarial para enero de 2026 del 1,5% ha puesto al límite las negociaciones paritarias, generando conflictos laborales tanto en la esfera provincial como en las municipalidades.

La recesión impacta directamente en la vida cotidiana: los intendentes alertan sobre el aumento de solicitudes de asistencia para el pago de alquileres, alimentos y servicios básicos. El cierre de numerosos comercios y pequeñas industrias pone en riesgo a cientos de trabajadores, presionando aún más unos presupuestos locales que, en términos reales, han experimentado una caída del 2,24% en lo que va del año.

Como mecanismo para amortiguar la crisis, la Gobernación presentará el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Sin embargo, intendentes tanto opositores como algunos del oficialismo muestran desconfianza y temen que estos recursos no lleguen a tiempo para enfrentar un contexto social que se agrava, especialmente en el Conurbano y las zonas del interior de la provincia.