Justicia ordena al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y actualizar salarios

En medio de las protestas y medidas de fuerza que afectan a las Universidades Nacionales, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal emitió un fallo relevante en contra de la administración de Javier Milei. La Justicia ratificó la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y vetada por el Presidente en octubre del año pasado.

El pronunciamiento se fundamenta en el reclamo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a todos los rectores del país. Al confirmar la resolución inicial que el Gobierno había objetado, los magistrados concluyeron que la administración libertaria no pudo desvirtuar los argumentos legales esgrimidos, dejando sin opciones legales al Estado Nacional para evitar la aplicación de la normativa.

El núcleo de la decisión judicial se orienta a la recomposición de los ingresos del sector universitario. El Ejecutivo deberá implementar con carácter urgente los artículos relativos a la actualización y mejora salarial para docentes y personal no docente de las universidades nacionales, quienes denuncian un retraso significativo frente a la inflación acumulada en los últimos años.

Este fallo se suma a otros golpes judiciales sufridos por la gestión libertaria, como la suspensión parcial de la reforma laboral. Para el juez Jorge Morán, la "verosimilitud del derecho" planteada por las universidades es contundente, lo que obliga al Ministerio de Capital Humano a transferir los fondos necesarios para asegurar el funcionamiento del sistema universitario y garantizar la dignidad salarial de sus trabajadores.