Julio Alak impulsa un nuevo Pacto Fiscal para enfrentar la crisis de coparticipación en municipios

En el marco de una reunión clave en la Sala Mayo de Paraná, provincia de Entre Ríos, el intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó un llamado urgente para articular un nuevo Pacto Fiscal destinado a contrarrestar la marcada disminución de los recursos de coparticipación. Este encuentro, que convocó a intendentes de diversas provincias como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Tucumán, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Viedma y Santa Rosa, evidenció la profunda preocupación por la delicada situación económica que atraviesan los municipios.

Durante la jornada, los representantes locales coincidieron en denunciar el impacto devastador de un contexto económico caracterizado por el cierre de empresas, la pérdida masiva de empleos, el retraso en los salarios, y la caída abrupta del consumo y de la recaudación tributaria. Frente a esta realidad, el reclamo central fue hacia una distribución justa y equitativa de los fondos coparticipables administrados por la Nación.

Alak enfatizó la necesidad de enfrentar esta crisis: "Ante la caída vertical de la coparticipación federal causada por el cierre de 29 mil empresas, la pérdida de 300 mil puestos laborales y el desplome en el consumo, resulta imprescindible establecer un nuevo Pacto Fiscal que asegure la gobernabilidad y el equilibrio financiero de los municipios argentinos".

Como resultado de la reunión se firmó un documento conjunto que refleja la asfixia financiera crítica que sufren los gobiernos municipales, quienes con pocos recursos deben responder ante el agravamiento de la crisis social y económica en sus territorios. El escrito subraya que “mientras se intensifica la crisis que afecta a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias, los municipios afrontan cada vez más demandas con recursos decrecientes y en un clima creciente de abandono por parte del Estado nacional”.

Además, se denunció la estrategia del gobierno nacional que pretende culpar al interior del país por la situación crítica, al tiempo que descalifica a los gobernadores e intendentes. En el documento se señala que los municipios están asumiendo más responsabilidades en materia de atención social, salud pública y servicios para jubilados nacionales sin cobertura adecuada de PAMI, junto con la provisión de medicamentos para enfermedades crónicas y del transporte público, sin recibir los fondos nacionales que corresponden, como los provenientes del impuesto a los combustibles, que se destinan mayoritariamente al AMBA.

Los asistentes al encuentro alertaron que solo en 2025 el Gobierno Nacional retuvo 120.000 millones de pesos que deberían haberse distribuido al interior del país. Por ello, solicitaron una revisión profunda del esquema tributario y de la distribución de recursos en Argentina, enfatizando la urgencia de modificar la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y revisar los ATN (Aportes del Tesoro Nacional).

Este llamado conjunto de intendentes establece un punto de inflexión en la búsqueda de soluciones para la crisis municipal, demandando un compromiso real del Estado para garantizar la sostenibilidad financiera y la capacidad de gobernanza en todas las regiones del país.