Por Redacción —
Esta semana, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires alcanzó un consenso con la mayoría de los gremios amparados bajo la Ley 10430 para otorgar un incremento salarial del 7,5%, que se aplicará de forma escalonada durante los meses de marzo y abril. En cambio, el sector docente decidió llevar la oferta a consulta con sus bases antes de definir su aceptación.
La propuesta salarial contempla la consolidación de un 1,5% ya otorgado en febrero, sumado a un 5% en marzo y otro 2,5% en abril, calculados sobre los salarios de enero. Además, se anunció una bonificación no remunerativa destinada al personal educativo para paliar el impacto del recorte del Fondo de Incentivo Docente y Conectividad que implementó el Gobierno nacional, junto con un adicional para los auxiliares de la educación. El acuerdo también establece la conformación de una mesa de seguimiento en mayo y la reapertura de las negociaciones en junio.
Pablo López, Ministro de Economía bonaerense, destacó: “Estamos atravesando una situación económica sumamente preocupante debido a las políticas del Gobierno nacional que afectan la producción, el empleo y las empresas argentinas”.
López agregó que la Provincia de Buenos Aires enfrenta una pérdida de $22 billones por deudas nacionales y una disminución constante en la recaudación, pero que aun así, bajo la gestión de Axel Kicillof, se reconoce el esfuerzo de los trabajadores estatales con compromiso en preservar las mejores condiciones laborales posibles. “Continuaremos trabajando de la mano de los gremios para lograr ese objetivo”, afirmó.
Por su parte, Walter Correa, Ministro de Trabajo, manifestó que “en contraposición con la línea del Gobierno nacional, que impulsa una reforma laboral de corte restrictivo que merma derechos, en la Provincia de Buenos Aires optamos por un rumbo de inclusión, respeto y fortalecimiento de la negociación colectiva, asegurando paritarias libres y sin límites preestablecidos”.
El Ministro de Trabajo resaltó que “en este contexto económico adverso y de constricción financiera, el acuerdo con los trabajadores a través de sus sindicatos adquiere aún mayor importancia. Agradecemos la responsabilidad y compromiso de todas las partes, y confirmamos que la Provincia defenderá los derechos laborales y la preservación del poder adquisitivo como principales prioridades”.
Desde la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) también celebraron el acuerdo: “Tras negociaciones extensas con el Gobierno bonaerense, logramos un incremento salarial y avances reales en la carrera administrativa”, destacaron.
Asimismo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su aceptación del esquema salarial propuesto. Su titular, Claudio Arévalo, valoró que “mientras el Gobierno de Milei reprime a los trabajadores, como ocurrió hoy en la Secretaría de Trabajo con compañeros de FATE, la Provincia de Buenos Aires mantiene abiertas las discusiones salariales y laborales, logrando aumentos, pases a planta y recategorizaciones”.
Los gremios docentes recibieron una oferta similar pero tomaron la decisión de someterla a consulta con sus bases, luego de rechazar previamente un aumento del 3%. En su caso, el acuerdo plantea un pago no remunerativo para compensar la pérdida del Fondo de Incentivo Docente (FONID), recortado por el Gobierno nacional bajo la administración de Javier Milei. Para los empleados públicos administrativos, el acuerdo incluye mejoras en la carrera y actualizaciones en asignaciones familiares, entre otras medidas.
En las negociaciones participaron, además de Pablo López, el subsecretario de Coordinación Económica, Nicolás Todesca, y la directora provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels. Por el Ministerio de Trabajo asistieron la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, y el director provincial de Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo. Además, por la Dirección General de Cultura y Educación estuvo presente la subsecretaria Claudia Bracchi; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora general de Administración, Carmen Sarra.
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