Por Redacción —
Soledad Martínez y su equipo de gobierno en Vicente López enfrentan fuertes críticas por decisiones recientes que parecen privilegiar la rentabilidad privada por encima del bienestar comunitario.
Entre las acciones cuestionadas se encuentra el cierre del Transporte Bicentenario, la extensión de la cesión de un terreno ribereño a un colegio exclusivo y una controversial amnistía para construcciones irregulares, que emergen como piezas integrales de un patrón donde el patrimonio público se utiliza para favorecer emprendimientos comerciales.
La supresión del Transporte Bicentenario, servicio gratuito con quince años de historia y esencial para conectar los barrios occidentales con la zona este y el CRAMA (Centro Recreativo para Adultos Mayores Activos), ha provocado gran descontento entre los adultos mayores, beneficiarios principales de esta línea con una plantilla femenina de conductoras.
La Municipalidad aduce los altos costos operativos como justificación, mientras que vecinos y opositores denuncian que la verdadera intención sería liberar y comercializar el terreno estratégico frente al río donde se ubica este espacio recreativo.
Otro foco de controversia es la renovación por 30 años de la cesión de una parcela privilegiada en La Lucila a la Asociación Escuelas Lincoln. Pese a las exigencias ciudadanas para que ese espacio se transforme en una reserva natural, el oficialismo aceptó un pago de 4,5 millones de dólares, una cifra que la oposición calificó como una auténtica "ganga" para un colegio elitista. Irónicamente, estos fondos estarían destinados a la remodelación del mismo CRAMA al que ahora se le restringe el acceso vehicular.
No sorprende que @soledadmartinez aplauda la decisión del gobierno de MileI de privatizar TECNOPOLIS.
— Laura Braiza (@Lau_Braiza) December 16, 2025
Gobiernan para los negocios de las empresas amigas, por eso le ponen PRECIO a un espacio que generó acceso gratuito a la cultura, la ciencia, la tecnología y la salud. https://t.co/ZeCQe2QTer
La concejal Laura Braiza, representante peronista, ha sido una crítica constante, calificando la medida de "vía rápida" para el sector inmobiliario. En declaraciones a La Tecla, denunció que mientras vecinos comunes enfrentan extensos retrasos en trámites para regularizar sus hogares, la nueva ordenanza de amnistía urbanística beneficia a poderosos desarrolladores que incumplen estatutos locales, permitiendo legalizar desde piscinas hasta grandes construcciones que saturan servicios y modifican la esencia de los vecindarios.
La administración de Martínez es interpretada como una continuación del modelo implementado por Jorge Macri, quien inicialmente prometió eliminar las excepciones urbanísticas pero terminó amplificándolas.
Ejemplos como la autorización para polos gastronómicos y hoteles en el predio del Círculo Militar, justo frente a la Quinta de Olivos, muestran cómo las normas se flexibilizan notablemente cuando están de por medio fuertes inversiones.
Para los vecinos organizados, el modelo de desarrollo urbano en Vicente López ha dejado de responder a una planificación pública equilibrada para transformarse en un catálogo exclusivo de oportunidades para un limitado grupo de desarrolladores próximos al poder local.
