Concejo Deliberante de 25 de Mayo exige a Egüen garantizar la continuidad de la Ayudantía Fiscal

En una sesión celebrada la noche del miércoles, el Concejo Deliberante de 25 de Mayo aprobó por unanimidad una resolución que solicita al Ejecutivo Municipal, liderado por el intendente Ramiro Egüen, que gestione con máxima urgencia la renovación del convenio con el Ministerio Público Fiscal bonaerense para asegurar la continuidad de la Ayudantía Fiscal.

En este marco, la oposición logró sancionar una ordenanza que no solo respalda la permanencia del organismo judicial en la localidad, sino que también compromete al Municipio de 25 de Mayo a mantener el arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 27 entre 12 y 13, donde actualmente funciona la Ayudantía, hasta la reubicación en un sitio adecuado.

Este avance fue posible gracias a la coalición de bloques opositores integrada por Unión por la Patria, Frente de Todos, Partido Justicialista, Frente Renovador, Peronismo Renovador y el PRO Democracia. La aprobación se dio en ausencia de un concejal oficialista, lo que facilitó la sanción de la ordenanza que exige al Municipio la activación de la Ayudantía Fiscal, establecida por la Ley 14.176.

La nueva normativa establece que el Ejecutivo debe formalizar un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la provincia y conservar el alquiler del local en calle 27 nº 1244 hasta que se encuentre una ubicación alternativa que cumpla con los requerimientos necesarios. Además, el acuerdo marco deberá ser presentado al Honorable Concejo Deliberante (HCD) para su aprobación dentro de los próximos 15 días hábiles y se autoriza a la Intendencia a hacer ajustes presupuestarios

Por otro lado, dos iniciativas impulsadas por el propio intendente Ramiro Egüen, relacionadas con el mismo asunto, recibieron un revés. Estos proyectos no fueron debatidos en la sesión y se derivaron a las comisiones de Presupuesto y Reglamento. Entre ellas se encuentra el proyecto para validar el Decreto 538/2025, que dispone el uso compartido del edificio municipal situado en la intersección de la calle 32 y 103 para la Ayudantía Fiscal y la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI).

Finalmente, el Concejo decidió no tratar la comunicación enviada por el Ejecutivo al Procurador General, Julio Conte Grand, que informaba sobre la disponibilidad del edificio en calle 32 y 103 para avanzar en un nuevo acuerdo institucional con la Ayudantía Fiscal y la SubDDI.