Con 42 votos afirmativos y 26 negativos, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La Cámara alta aceptó los cambios introducidos por Diputados. El texto modifica procedimientos de desalojo, expropiaciones y regularización de escrituras.
Entre sus principales disposiciones, restablece la Ley 26.737 de Tierras Rurales, aprobada en 2011 y derogada por el DNU 70/2023. La norma establece que las personas extranjeras no podrán ser propietarias de más del 15% de las tierras rurales del país. Dentro de ese límite, quienes tengan una misma nacionalidad podrán concentrar hasta el 30%. También fija un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y restringe la propiedad de terrenos en zonas de frontera o cercanos a grandes cuerpos de agua.
La ley suma mecanismos para agilizar la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente. En determinados casos, sus propietarios podrán solicitar la devolución anticipada y los ocupantes podrán recibir una intimación para restituir la propiedad en un plazo de 72 horas. Para los conflictos por falta de pago del alquiler, se conserva un plazo mínimo de diez días corridos para que el inquilino cancele la deuda antes del inicio de una demanda judicial.
En materia de expropiaciones, el Estado deberá justificar específicamente la utilidad pública del inmueble. Las indemnizaciones deberán considerar el valor de mercado y los daños ocasionados, incluido el lucro cesante si está debidamente acreditado. Como regla general, este último tendrá un límite equivalente al 30% del daño emergente.
El texto también cambia el régimen de regularización dominial para facilitar el acceso a escrituras. Podrán solicitar el beneficio quienes acrediten una posesión pública, pacífica y continua de al menos diez años y cumplan los requisitos establecidos para viviendas únicas y permanentes. La norma incluye además a agricultores familiares que vivan y desarrollen actividades productivas en terrenos rurales.


