El último informe sobre empresas empleadoras en el sistema de riesgos del trabajo confirmó, en el mes de mayo, una nueva caída en la cantidad de firmas que tienen al menos un trabajador registrado. A nivel nacional, fueron 477.463 empresas, es decir, un 3,3% menos que en el mismo mes del año anterior. Esto significa que 16.422 empleadores desaparecieron en el último año, una cifra que refleja el impacto directo de la recesión económica sobre el tejido productivo.
La provincia de Buenos Aires vuelve a ser protagonista en negativo: perdió 4.786 empresas empleadoras en los últimos doce meses, convirtiéndose en el distrito con mayor caída en términos absolutos. Si se amplía la mirada, la pérdida alcanza las 8.076 firmas desde noviembre de 2023. Este prolongado deterioro evidencia que el problema no es coyuntural, sino que se ha consolidado como una tendencia que castiga al principal polo productivo del país.
El detalle por sector refuerza la gravedad del panorama. La industria manufacturera -sostén del empleo formal de calidad- perdió 2.639 empleadores. El comercio, que es la columna vertebral de la economía en los barrios y en el interior bonaerense, registró 6.490 bajas. También retrocedieron la construcción, la actividad agropecuaria y otros rubros de producción y servicios. Esta situación es particularmente preocupante porque el comercio y la industria son los que mayor volumen de empleo registrado generan.
Cada empresa que desaparece no solo implica la pérdida de puestos de trabajo directos: también debilita la cadena de proveedores locales, reduce la demanda de bienes y servicios y afecta la recaudación tributaria que financia servicios esenciales del Estado. En las localidades del interior bonaerense, donde muchas pymes dependen de contratos con empresas más grandes, el efecto multiplicador de esta retirada es aún más profundo.
La pérdida de empresas empleadoras significa también una erosión de los derechos laborales. En la Argentina, el trabajo registrado garantiza acceso a la jubilación, obra social, asignaciones familiares y cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Cada firma que cierra deja a trabajadores y trabajadoras sin esas protecciones, empujándolos muchas veces a la informalidad o a la precariedad.
Mientras los números marcan esta realidad, los datos oficiales no dejan lugar para el optimismo. La reversión de este cuadro exige políticas públicas que estimulen la inversión productiva, defiendan la industria nacional y generen condiciones para el desarrollo del empleo formal. La provincia de Buenos Aires necesita que el Estado nacional acompañe con medidas que fortalezcan el mercado interno, en lugar de profundizar un ajuste que asfixia a las pymes y precariza a los trabajadores.
