Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán a subir a partir del 1° de septiembre, en un nuevo capítulo del ajuste que ya acumula incrementos muy por encima de la inflación. El aumento, calculado con el último dato del IPC más dos puntos adicionales, será del 4,3% para las líneas provinciales y municipales del Gran Buenos Aires y del 4,1% para la Ciudad, según confirmaron las autoridades.
Con esta actualización, el boleto mínimo en la provincia de Buenos Aires pasará de $1.111,19 a $1.158,97, mientras que el tramo más utilizado, de 6 a 12 kilómetros, superará los $1.448. En CABA, el pasaje mínimo quedará en $887,87 y el subte trepará a $1.753,04. Los nuevos valores impactarán directamente en el bolsillo de millones de trabajadores y estudiantes que dependen del transporte público para llegar a sus destinos.
El anuncio se da en un contexto alarmante: según un reporte de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la cantidad de pasajeros que viajan en días hábiles se desplomó un 19% interanual a principios de agosto. La caída de la demanda refleja el impacto del ajuste económico sobre el salario real y el consumo, pero también la decisión de muchos usuarios de optar por otros medios, ante la pérdida de poder adquisitivo.
Los números son elocuentes: hasta agosto, los cuadros tarifarios acumulan subas del 68,76% en la provincia de Buenos Aires y del 43,70% en CABA en lo que va del año, muy por encima de la inflación acumulada del período, que fue del 19,3%. Es decir, el transporte subió más de tres veces que los precios generales, una muestra más de la política de desregulación y quita de subsidios que viene aplicando el gobierno nacional.
Este nuevo ajuste no es un hecho aislado: se enmarca en una tendencia que, mes a mes, mantiene el costo del transporte por delante de la evolución de precios. Mientras el gobierno nacional impulsa la liberación de tarifas y el recorte de subsidios, los usuarios del AMBA son los que pagan el costo. La gestión provincial, que administra las líneas bajo su órbita, se ve obligada a actualizar los cuadros en función de la fórmula vigente, pero no por ello resulta menos golpeadora la medida.
La situación es especialmente sensible para los sectores populares, que son los principales usuarios del colectivo. En un contexto de caída de la actividad económica y pérdida de poder de compra, cada aumento del boleto representa un nuevo obstáculo para el derecho a la movilidad. La educación pública, el acceso al trabajo y la salud también se ven afectados indirectamente: quienes no pueden pagar el pasaje, limitan sus posibilidades de traslado.
Desde las organizaciones sociales y sindicatos ya se han alzado voces cuestionando esta política de ajuste permanente, que castiga a quienes menos tienen. Mientras tanto, los empresarios del sector reclaman mayor compensación estatal, pero la decisión del gobierno nacional de retirar subsidios fue la que disparó la espiral de aumentos. La discusión de fondo, que el diario viene planteando, es qué modelo de transporte público se quiere: uno entendido como un servicio esencial financiado por el Estado, o uno regido por la lógica del mercado donde el usuario carga con todo.
