Durante 2026 se registraron 153 procedimientos preventivos ante la Secretaría de Trabajo, un mecanismo que las empresas deben activar antes de concretar despidos o suspensiones masivas. La cifra surge de datos oficiales obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública y abarca hasta el 23 de julio: equivale a más de una presentación por cada día hábil transcurrido en el período.
El Procedimiento Preventivo de Crisis obliga a empresas, sindicatos y autoridades laborales a sentarse a negociar alternativas frente a dificultades económicas. Entre las opciones que pueden acordarse figuran reducciones de jornada, vacaciones anticipadas, retiros voluntarios y otras medidas para evitar desvinculaciones.
Desde 2024 el total acumulado llega a al menos 448 solicitudes: 131 durante ese año, 164 en 2025 y otras 153 en lo que va de 2026. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo no informó cuántos empleados están alcanzados por estos procedimientos ni cuáles son los sectores y las provincias más afectados.
La tendencia marca un aumento sostenido en la cantidad de empresas que acuden a este recurso para encarar situaciones de crisis, aunque el dato de trabajadores involucrados, clave para dimensionar el impacto real sobre el empleo, sigue sin ser reportado por la cartera laboral. En el marco de la política económica de Javier Milei, que prioriza el ajuste y la desregulación, el silencio oficial sobre la destrucción laboral en curso resulta elocuente: mientras las empresas negocian despidos, el gobierno no da a conocer la magnitud de las pérdidas de puestos de trabajo que genera su programa.
