Desde el sábado 1° de agosto, los usuarios del transporte público y las autopistas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sentirán un nuevo impacto en sus ingresos, con aumentos que muestran una clara división entre las políticas de contención de la provincia de Buenos Aires —a cargo de Axel Kicillof— y los tarifazos impulsados por el Gobierno nacional y la administración porteña, en un contexto de creciente deterioro del poder adquisitivo y de ajuste sobre las mayorías. Los ajustes, que se aplican periódicamente conforme a una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un adicional fijado por cada jurisdicción, dejan al descubierto las diferentes prioridades de cada gestión: mientras unos optan por preservar la economía familiar, otros trasladan el incremento de costos sin miramientos.
En el caso de los colectivos que circulan en territorio bonaerense, la actualización tarifaria se situó entre un 3,9% y un 4,4%, un incremento moderado si se lo compara con la inflación acumulada y con los aumentos registrados en otros servicios. De esta manera, el boleto mínimo para quienes usan la tarjeta SUBE registrada subió a $1.111,19 en las líneas provinciales. Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires, el viaje más corto con SUBE registrada pasó a costar $852,90, también con un ajuste similar, aunque en ambos casos los guarismos se mantienen por debajo de otros rubros de la economía que han sufrido alzas mucho más pronunciadas. La decisión de la administración provincial de mantener los incrementos por debajo de los índices generales de precios se enmarca en una política de tarifas que prioriza el acceso al transporte público por sobre la rentabilidad de las empresas.
En contraste con esa moderación, los trenes metropolitanos —controlados por el Gobierno nacional— experimentarán un brusco aumento del 10,5%. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur llevarán su boleto mínimo a $420 con SUBE registrada. Esta decisión, enmarcada en el cronograma tarifario que impulsa la Casa Rosada, triplica el alza aplicada en los colectivos provinciales y profundiza la presión sobre los sectores más vulnerables que dependen del ferrocarril para trasladarse diariamente, en especial en el conurbano bonaerense.
El subte porteño no se quedó atrás: el viaje pasó a costar $1.684 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada, mientras que quienes no la tengan abonarán $2.541,10. La diferencia, que intenta promover el registro de las tarjetas, no oculta el encarecimiento del servicio en manos de la Ciudad. A esto se suman los peajes en las autopistas administradas por el gobierno porteño —25 de Mayo, Perito Moreno, Illia, entre otras—, que tendrán un incremento del 3,9%, afectando a miles de automovilistas que a diario utilizan esas vías.
La actualización tarifaria que rige desde agosto es la continuidad de un esquema que, según lo dispuesto por las autoridades de cada distrito, busca reflejar la evolución de los costos operativos. Sin embargo, mientras el gobernador Axel Kicillof optó por un sendero de ajustes graduales que preserve el poder adquisitivo de los bonaerenses, la administración nacional insiste con subas que duplican la inflación promedio y el gobierno de la Ciudad acompaña con sus propios incrementos. Para los millones de usuarios del AMBA, la disparidad no hace más que evidenciar la desigualdad en la carga que recae sobre el transporte público en tiempos de ajuste. Así, mientras en el territorio bonaerense se resguarda el derecho a la movilidad, en las zonas administradas por la Casa Rosada y el gobierno porteño los tarifazos imponen un nuevo sacrificio a los trabajadores.