El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) representa el 47% de la canasta de servicios públicos en un hogar promedio, un impacto que afecta directamente el poder adquisitivo de las familias de la región.
Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política señala que, debido a la quita de subsidios y la desregulación tarifaria impulsada recientemente, el costo del transporte en el AMBA ha experimentado un aumento de casi el 1.000% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
En marzo de 2026, el gasto mensual promedio para el transporte fue de $101.026, frente a los $59.370 registrados un año atrás, en un contexto además marcado por una reducción de la oferta de transporte en circulación.
Solo en el último mes, los costos del transporte crecieron un 14,8%, con un incremento del 16,3% en el boleto de colectivo, que continúa siendo el principal medio de movilidad popular.
Desde diciembre de 2023, el aumento es aún más pronunciado: el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires pasó de $52,96 a $715,24 en abril de 2026, con un crecimiento acumulado superior al 1.250%.
Esta escalada tarifaria obedece a cambios estructurales en la política del transporte y a la ruptura del esquema tarifario coordinado en el AMBA, fragmentándose las tarifas entre la Ciudad, la Provincia de Buenos Aires y las líneas de jurisdicción nacional.
En la actualidad, los valores mínimos son de $681,85 en la Ciudad, $832,57 en la Provincia y cerca de $700 en las líneas interjurisdiccionales, reflejando las distintas capacidades fiscales y la reducción de la asistencia nacional.
La reducción de subsidios, que registra una caída significativa en términos reales desde 2023, trasladó gran parte del costo hacia los usuarios. En la Provincia de Buenos Aires, los pasajeros financian más del 45% del costo total, mientras que en la Ciudad y en las líneas nacionales este porcentaje ronda el 34%.
El informe introduce el concepto de “tarifa técnica”, que estima el valor real del boleto sin subsidios en $1.811 y hasta $2.001 con IVA, un nivel mucho más elevado que el oficialmente reconocido por el gobierno.
Este panorama muestra cómo la falta de políticas de subsidios adecuadas y la desarticulación tarifaria afectan severamente a la movilidad popular y la capacidad de las familias del AMBA para sostener su presupuesto familiar, poniendo en evidencia la necesidad de recuperar la fuerte inversión pública en transporte que garantice accesibilidad y empleo para todos.
