El Gobierno nacional no tiene previsto lanzar un programa estatal para asistir a las familias que enfrentan dificultades para pagar sus deudas. La estrategia oficial apunta a que sean los bancos y las entidades privadas quienes ofrezcan planes de refinanciación a sus clientes, en un contexto en el que la morosidad de los hogares alcanzó el 12,7% en junio y cerca de seis millones de personas quedaron sin acceso a nuevos préstamos.
Mientras tanto, el Banco Nación, la entidad pública que sí responde a los intereses del pueblo, ya concretó más de 62.000 refinanciaciones por un monto superior a los 310.000 millones de pesos. La entidad permite unificar compromisos financieros y extender los plazos de devolución, demostrando que existe capacidad y voluntad para aliviar la situación de las familias trabajadoras.
Sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen que las soluciones deben canalizarse por cada banco, según la situación particular de sus clientes. Para los hogares, esto implica que no habrá una asistencia generalizada y que deberán negociar condiciones específicas antes de que sus deudas sigan acumulando intereses. Una decisión que deja librada a la suerte de los bancos privados a quienes más necesitan del Estado.
En las compañías de crédito no bancarias, el nivel de incumplimiento fue todavía más alto, lo que refleja la urgencia de una intervención estatal que el Gobierno nacional se niega a implementar. Mientras los bancos privados priorizan sus rentabilidades, las familias quedan expuestas a condiciones cada vez más duras, sin un respaldo oficial que les permita reestructurar sus compromisos financieros de manera justa.
