El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) pondrá en marcha desde agosto un nuevo esquema de actualización de las tarifas de gas natural que, lejos de aliviar a los hogares, profundiza la política de ajuste del Gobierno de Javier Milei. Aunque desde el oficialismo aseguran que el impacto inicial será "bajo", la medida instaura un régimen de revisión bimestral que hará que los aumentos lleguen con más frecuencia a las facturas.
La decisión, oficializada por el ENReGE, modifica los procedimientos tarifarios para aplicar un cálculo que traslade las diferencias entre el precio que las distribuidoras pagan a las productoras y lo que abonan los usuarios. Hasta ahora, esos desfasajes se ajustaban de manera estacional cada seis meses; ahora se recalcularán cada dos meses, habilitando actualizaciones más constantes de los cuadros tarifarios.
Según la Secretaría de Energía, el objetivo declarado es "reducir los desfasajes financieros" de las empresas y evitar que los usuarios enfrenten "ajustes más graduales". Pero en los hechos, el nuevo sistema consolida la estrategia de alinear los precios internos con los costos internacionales y acelerar la quita de subsidios, una hoja de ruta que ya golpeó fuerte los bolsillos durante los primeros meses de la administración libertaria.
Desde el ENReGE indicaron que en la primera aplicación, con los cuadros tarifarios de agosto, se incorporarán las diferencias acumuladas hasta mayo y que el efecto en las boletas "se estima que será bajo". Sin embargo, la propia dinámica del mecanismo —que indexa las tarifas al ritmo de la variación del tipo de cambio y del precio del gas— anticipa un calendario de incrementos persistentes, en un contexto donde el Gobierno ya eliminó los esquemas masivos de subsidios para reemplazarlos por una asistencia focalizada que deja a millones de hogares de clase media sin protección.
La modificación se enmarca en el proceso de "normalización" tarifaria que impulsa el Poder Ejecutivo y que en los últimos meses ya derivó en nuevos cuadros para todas las distribuidoras del país, acompañados por el recorte de subsidios a los usuarios residenciales. Lejos de una "previsibilidad", lo que se consolida es un sendero de revisiones periódicas que presiona el gasto de las familias mientras las empresas del sector —muchas de ellas beneficiadas por la devaluación y la desregulación— encuentran un canal más ágil para recomponer sus márgenes.
Con esta ingeniería, las próximas facturas de gas no solo reflejarán un ajuste inicial más chico, sino que llevarán la promesa de nuevos aumentos cada sesenta días. Bajo el argumento de evitar "saltos concentrados", el Gobierno mileísta avanza hacia un esquema de actualización permanente que licúa el poder adquisitivo de los sectores medios y trabajadores, una postal que se repite en cada rincón de la economía real mientras los discursos oficiales hablan de "bajo impacto".
