El Gobierno modificó los procedimientos previstos por la Ley de Inversiones Mineras, con una reforma que crea un registro centralizado e incorpora trámites digitales ante ARCA. La medida, presentada como una modernización administrativa, no altera las condiciones de acceso a los beneficios fiscales que rigen para las empresas del sector.
El nuevo Registro de Inversiones Mineras identificará mediante CUIT a las empresas beneficiarias y asignará un código único a cada proyecto. También establecerá requisitos de inscripción y actualización para los proveedores de servicios del sector, lo que busca ordenar la información disponible.
Las devoluciones del crédito fiscal del IVA por actividades de exploración pasarán al Sistema Integral de Recupero de ARCA. El cambio elimina el circuito en papel utilizado desde 2004, aunque mantiene los plazos y condiciones de acceso establecidos por la legislación vigente. Es decir, se simplifica el trámite, pero no se tocan los montos ni los beneficios que ya existían.
La normativa regula además la articulación con el RIGI y la presentación del Seguro Ambiental Obligatorio. En la práctica, los proyectos mineros que busquen acogerse al esquema de incentivos deberán cumplir con estos registros digitales, pero no se mencionan cambios en la estructura de exenciones o devoluciones que ya estaban previstas.
Los trámites que ya estén en curso quedarán alcanzados por la actualización, mientras que las declaraciones juradas anteriores continuarán bajo las reglas aplicables cuando fueron presentadas. Esto implica que la reforma no tendrá efectos retroactivos sobre los requerimientos ya iniciados.
En síntesis, el Gobierno avanza con una digitalización que apunta a la eficiencia administrativa, pero que en términos de política sectorial no introduce ninguna modificación sustancial. Los beneficios fiscales para la minería, uno de los ejes del RIGI, siguen intactos, mientras las provincias y las comunidades continúan esperando definiciones concretas sobre el impacto de la actividad extractiva.
