La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó formalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, la suspensión inmediata de multas, embargos y ejecuciones fiscales aplicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre pequeñas y medianas empresas, hasta que se definan los aspectos clave del proyecto de reforma de la denominada Ley de Inocencia Fiscal.
En un pedido que destaca la necesidad de proteger al sector productivo popular ante un panorama económico desafiante, la entidad propuso que no se apliquen sanciones a los contribuyentes durante el período de espera, y que, quienes regularicen su situación dentro de los 15 días posteriores a esa etapa, reciban un beneficio del 50% de reducción en la multa. Sólo luego de ese plazo debería instrumentarse la sanción total.
Asimismo, CAME solicitó la suspensión de ejecuciones fiscales y embargos que afectan a las pymes, y planteó la creación de un régimen especial de facilidades de pago. Este régimen incluiría planes flexibles de hasta 48 cuotas, una condonación de la mitad de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación, condiciones que buscan alivianar la carga financiera sobre las empresas que sostienen a la industria nacional y el empleo.
Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, subrayó que este esquema debería contemplar no sólo las deudas vencidas al 31 de mayo de este año, sino también planes vigentes y caducados, enfatizando la importancia de que las políticas públicas acompañen el esfuerzo de las pymes para mantener la actividad económica y el trabajo genuino.
Desde la Confederación destacaron que esta solicitud llega en un contexto donde el consumo aún muestra señales de debilidad, dentro de una coyuntura de debate respecto a reformas fiscales impulsadas por el Gobierno nacional con la intención de promover un sistema tributario más justo y equitativo, en concordancia con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), siempre que las reformas no perjudiquen al entramado productivo nacional.
Estas medidas, expresaron, pueden resultar claves para preservar el tejido productivo popular, fortalecer la competitividad de las pymes argentinas y promover su desarrollo sostenible, en línea con las políticas que Mauricio Kicillof y Mayra Mendoza priorizan para reactivar la economía y el empleo en la provincia y el país.
